Al pie de la letra

* ‘LULAZO’

A ver qué repercusiones llega a tener en Veracruz la investigación que se ha abierto en Brasil contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien nuevamente está en la mira de la justicia brasileña por un escándalo de corrupción en la que se ha implicado a la empresa trasnacional carioca Odebrecht , que desde hace cinco años inició en la región de Coatzacoalcos la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI, luego intentó concretar el proyecto para abastecer de agua a Xalapa a través de presas y un acueducto que partiría del río Los Pescados, en Jalcomulco, y que ahora pretende concursar en el proceso de privatización del SAS en la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín, y en la inversión público-privada para la autopista federal Tuxpan-Tampico, presupuestada en 7 mil millones de pesos.

Actualmente, con su filial Braskem y en sociedad con la mexicana IDESA, el consorcio brasileño ligado a Lula invierte más de 4 mil millones de dólares en la región sur de la entidad, donde en este periodo de construcción genera alrededor de 10 mil empleos temporales, directos e indirectos y, posteriormente, para la planta de etanol creará 2 mil plazas de trabajo directas.

De acuerdo con la revista Época, la procuradora brasileña Mirela Aguiar abrió hace una semana un procedimiento preliminar para investigar al ex mandatario por tráfico de influencias en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

La Fiscalía sospecha que Lula habría obtenido beneficios económicos directa o indirectamente por parte de la constructora Odebrecht al inducir al BNDES a financiar a bajo costo los proyectos de ésta en el extranjero. La Procuraduría habría tomado como punto de partida para la investigación una acusación presentada por otro fiscal, la cual estaría basada, a su vez, en denuncias periodísticas.

Y es que la revista Time publicó que el consorcio que preside Marcelo Odebrecht –que también está implicado en el escándalo de sobornos de Petrobras–, recibió financiamiento del BNDES por 4 mil 100 millones de dólares para realizar proyectos en países como Ghana, República Dominicana, Venezuela y Cuba, alineados al Partido de los Trabajadores (PT) que actualmente gobierna en Brasil.

En este caso, los préstamos habrían sido concedidos durante los gobiernos de Lula (2003-2010) y también durante la primera gestión de Dilma Rousseff (2011-2014), ahijada política del ex Presidente.

“Cuando le entregó la banda presidencial a su discípula, Dilma Rousseff, en enero de 2011, Luiz Inácio Lula da Silva abandonó el Palacio Presidencial, pero no el poder. Seguía siendo influyente en el PT, el gobierno y con las cabezas de América Latina y África, muchos de ellos líderes tiranos a los que había seducido con el fin de que movieran sus plumas en favor de las empresas brasileñas o, más específicamente, en favor de los grandes contratistas del país”, acusa la revista en su texto.

Según Época, también se investiga si el banco otorgó financiamiento por al menos mil 600 millones de dólares a Odebrecht poco después de que Lula, ya fuera del Palacio del Planalto, visitara a los Presidentes de Ghana y República Dominicana, auspiciado por la constructora.
Según un informe del Senado, tan sólo en el año 2014 Odebrecht recibió 848 millones de dólares para garantizar diversos proyectos suyos en el extranjero, cifra que representa el 42 por ciento del total financiado por el BNDES.
Este escándalo de sobornos sale a la luz luego de que la revelación de una red de corrupción al interior de la petrolera estatal Petrobras sacudiera a Brasil. Esta red de pago de sobornos a cambio de contratos habría operado en momentos en que Lula era Presidente y Rousseff, ministra de Minas y Energía, aunque ambos han negado haber sabido de su existencia y han librado que se les indague. Pero las investigaciones ya desembocaron en el arresto de tres ex directivos de la compañía, de 36 ejecutivos de constructoras privadas y del ex tesorero del Partido del Trabajo.
Sobre el caso actual, la procuradora deberá decidir en 30 días sobre la apertura de un requerimiento para investigar formalmente al ex Presidente, quien hace dos años ya fue señalado en el caso de corrupción del “mensalão”, que sacudió su primer mandato y por el que fueron condenados 25 políticos y empresarios en el Supremo Tribunal Federal.

Esa primera investigación criminal que se realizó en torno a Lula, quien siempre negó cualquier responsabilidad en el esquema de sobornos a legisladores de la oposición en 2005, se basó en las declaraciones que realizó durante el histórico juicio el empresario publicitario Marcos Valerio, considerado el operador financiero de la trama. Según Valerio, sentenciado a 40 años de cárcel, Lula sabía de los pagos mensuales ilegales en el Congreso y habría desviado para tal fin 3 mil 500 millones de dólares aportado al PT por otra compañía cómplice, la Portugal Telecom.