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XALAPA, Ver., 9 de abril de 2015.- El gobernador Javier Duarte de Ochoa le quitó las facultades que le había conferido vía decreto al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, y se las confirió al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González, a fin de que el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos se regularice, concluya y entre en operación a la mayor brevedad.
En el número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado del pasado 14 enero, el titular del Poder Ejecutivo publicó un acuerdo mediante el cual delegó a Buganza Salmerón las facultades de representación, “tan amplias como en derecho proceda… comprendiendo las facultades generales y aún las especiales, ante cualquier tipo de autoridades judiciales, administrativas o de cualquier otra índole… incluidos los fideicomisos relacionados, delimitando las facultades y atribuciones delegadas, exclusivamente a que se traten y relacionen con el Proyecto del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos”.
No obstante, en su número extraordinario de este 8 de abril, se publicó un nuevo acuerdo, que deroga al anterior, y que establece:
“Se delega expresamente en el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Lic. Tomás Ruiz González, las facultades necesarias a fin de que el Proyecto denominado Túnel Sumergido, se regularice, concluya y entre en operación a la mayor brevedad.
El presente Acuerdo aplicará exclusivamente al Proyecto denominado Túnel Sumergido, quedando limitadas las facultades delegadas al mismo, en términos de la legislación aplicable”.
El pasado 5 de agosto, Bugaza Salmerón, en ese entonces titular de la SIOP, aseguró que el Gobierno del Estado no pagará ni un solo peso para la conclusión del túnel sumergido y que recuperarían la inversión.
Indicó que se trata de un tema complicado, debido a que la conclusión de la obra requiere de tiempo, pues mientras se lleva un procedimiento judicial se está negociando con la constructora encargada de la misma.
Recordó que el estado promovió un juicio de nulidad debido a que los ingresos iban a un fideicomiso manejado por un concesionario, el cual realizaba la obra.
«Nosotros en esta instancia ganamos y el Poder Judicial nos dio la razón en ese juicio de nulidad y ese dinero pasó a formar parte de un fideicomiso público, es decir, ahora el Estado dirige los destinos finales de ese recurso, los cuales se utilizarán para el túnel sumergido», explicó.
Detalló que a partir del día primero del mes de agosto se realizó el cambio operación administrativa de la obra, por lo que la constructora Ocacsa cedió la obra a Setiop, que ahora opera y administra los recursos.
Finalmente, señaló que faltan escasos dos metros para concluir la obra, para lo cual se lleva a cabo una negociación y otro juicio, en donde el Gobierno del Estado ha demostrado que aportó «más allá de lo que estipulaba en el título de concesión».