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XALAPA, Ver., 19 de marzo de 2015.- El registro formal de los casos de desaparición forzada de mujeres y feminicidios es un compromiso que no se ha cumplido, dijo la directora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (Cidem) Mayela García Ramírez.
Recordó que el acuerdo tomado en la reunión de trabajo del Sistema Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres llevada a cabo el pasado 7 de enero, especificaba que estaría listo en febrero.
El registro permitiría una estadística precisa de los casos que hay en la entidad veracruzana; además, se van a incluir datos como la edad y el lugar de ocurrencia, estarán agrupadas de acuerdo a su de edad y será ordenado por medio de filtros. Toda la información sería pública.
Pese a que ya existe un acuerdo firmado con la Fiscalía del Estado, esta cifra no está actualizada al momento, pues la última actualización es de 2012.
La activista relata que se pide se cumpla con la publicación oficial en la página de la Fiscalía tal y como lo establece la ley en Veracruz, ya que si bien la Procuraduría General de la República (PGR) tiene datos del tema, no coinciden con los de la propia Fiscalía.
Destacó que ya han trabajado en el diseño de un formato que registre puntualmente cada caso, pues recordó que actualmente dependencias como la Procuraduría Especializada en Delitos Contra las Mujeres y la Dirección de Investigaciones Ministeriales tienen registros diferentes de los ilícitos.
Dijo que en las reuniones que han tenido han logrado determinar que el rango de edad de mayoría de mujeres desaparecidas oscila entre los 12 y 22 años de edad, con mayor presencia de este caso en los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz.
Agregó que en la reunión con el Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, hubo otros compromisos que se tomaron, como el inicio de un trabajo diagnóstico para conocer el funcionamiento y la aplicación del Protocolo de diligencias básicas a seguir por el MP en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de género y feminicidio para todo el estado que se traduzca en un programa de capacitación para las dependencias.
Cabe destacar que este protocolo fue firmado en 2012, cuando Amadeo Flores Espinosa era procurador de Justicia del Estado.
Respecto al protocolo, dijo que existe un apartado para ver cuáles están siendo los aciertos y las dificultades en su aplicación; en algunas subprocuradurías está siendo un poco más complicada la aplicación, porque todavía algunas Agencias del Ministerio Público no han contado con la capacitación completa o necesaria para poder comprender el tipo penal.
García Ramírez consideró que los acuerdos que se tomaron son completamente viables, y reconoció la disposición de Bravo Contreras porque se desarrollen tal y como fueron planteados por quienes integran el sistema.
El protocolo está dividido en los siguientes apartados: Procedimientos de Investigación, Búsqueda de los indicios, Obligaciones de la Policía Ministerial, MP y Servicios Periciales, y Derechos Humanos.