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MÉXICO, DF, 16 de marzo de 2015.- México accederá a las demandas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras casi seis meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y fuertes críticas en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el gobierno federal responderá con la creación de un zar con amplios poderes para la búsqueda de miles de desaparecidos a escala nacional.
Además, dicha figura será reforzada con una nueva ley de mano dura, con penas de casi 50 años de prisión para sicario, policía, militar o servidor público que desaparezca a una persona, dio a conocer Milenio.
Las penas y la creación de un mando único en materia de búsqueda están incluidas en el borrador de la nueva Ley General de Personas Desaparecidas. Entre otros puntos, la legislación aborda temas como colaboración de ciudadanos en las investigaciones, castigo a la obstrucción de pesquisas, creación de bancos de datos genéticos de cadáveres a nivel federal y estatal, severidad de penas, reparación de daños a las familias de las víctimas, derecho a la verdad y destino de bebés de personas desaparecidas.
Los detalles finales de la iniciativa están siendo afinados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En las próximas semanas la propuesta será presentada ante el Congreso de la Unión con miras a que sea aprobada antes de que termine el año, adelantó Julio Hernández Barros, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas del gobierno de la República.
El comisionado explicó que el nuevo zar, que probablemente formará parte de la PGR, tendrá el poder de articular bajo un mando único las labores de localización de desaparecidos a escalas federal, estatal y municipal, eliminando trabas burocráticas y duplicidades. Encabezará una unidad con presupuesto y personal propios, dotada de tecnología de punta y con la facultad de girar órdenes a funcionarios de otros estados sin importar jurisdicciones. La idea es concentrar esfuerzos en donde ahora existe una frustrante atomización de recursos dada la naturaleza fragmentada del sistema federal mexicano.
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