Raúl López Gómez/Cosmovisión
XALAPA, Ver., 3 de marzo de 2015
¿Qué pensaría usted si le dijera que el Secretario de Seguridad Pública será el nuevo encargado de garantizar nuestros derechos fundamentales frente a los abusos del poder? De asegurarse que todas las personas, incluso aquellas que cometieron un delito, sean tratadas con dignidad, que se respeten sus garantías, de imponer límites y exhibir los abusos de las autoridades. Seguro pensaría que se trata de una mala broma o del argumento de alguna distopía y así sería en cualquier país con una democracia medianamente decente. Sin embargo, eso es precisamente lo que pretende el Presidente de la República.
En este momento, existe una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Enrique Peña Nieto pretende cubrir con un personaje que representa todo lo que esa instancia debe combatir.
La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal en nuestro país. En su papel de Tribunal Constitucional, su función es asegurar la vigencia de nuestros derechos humanos frente a cualquier acto u omisión por parte de las autoridades. Es la instancia que tiene la última palabra en la defensa del ciudadano frente al aparato estatal.
Por eso, es de la mayor importancia que las personas que formen parte de ese órgano, tengan un compromiso genuino con los derechos fundamentales, con el Estado Constitucional de Derecho.
Desafortunadamente, esa no es la visión del Presidente de la República. Lo ha demostrado al proponer a Eduardo Medina-Mora para ocupar un asiento en la Suprema Corte.
De diciembre del 2000 a septiembre de 2005, Medina-Mora fue Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), es decir, estaba encargado del espionaje gubernamental. No es razonable suponer que alguien que se dedicó a intervenir llamadas telefónicas, sembrar micrófonos, fichar a periodistas, opositores y demás personas de interés (por decir lo menos), tenga demasiado respeto por derechos como la intimidad y la libre manifestación de ideas u opiniones.
Posteriormente, desde septiembre de 2005 hasta el fin del sexenio de Vicente Fox, fue Secretario de Seguridad Pública Federal. Debemos recordar que Medina-Mora era el encargado de dicha dependencia cuando ocurrieron los operativos de San Salvador Atenco, en los que en sólo dos días, 200 personas fueron detenidas y 2 civiles perdieron la vida. Entre los detenidos, estuvieron 11 mujeres (6 estudiantes, 4 comerciantes y una trabajadora de una ONG) que fueron violadas y torturadas por policías, y posteriormente apiladas durante su traslado en vehículos oficiales.
Este caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y México ya ha reconocido su responsabilidad por las violaciones a derechos humanos ocurridas durante estos operativos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia estableció que las corporaciones policiales que participaron en los operativos “ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente hacia el respeto de los derechos humanos, tanto de las personas que fueron detenidas en esos operativos, como de otras que estaban en las inmediaciones”. Pero aún hay más.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, del 7 de diciembre de 2006 al 7 de septiembre de 2009, Eduardo Medina-Mora fue Procurador General de la República y uno de los encargados del diseño y operación de la “guerra contra el narco”. Como ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch, durante este periodo ocurrieron violaciones generalizadas y graves a derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El entonces Procurador nunca se enteró de su existencia.
Por otra parte, durante su mandato en la Procuraduría se fabricaron culpables que recientemente han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, el caso de tres mujeres indígenas ñañú absurdamente acusadas de haber secuestrado a agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o el caso del burdo montaje televisivo en el que se simulaba la detención de una presunta secuestradora que en la realidad había sido privada de su libertad 24 horas antes en un lugar distinto al set de filmación.
Como Procurador, no tuvo el mínimo respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso ni a la integridad de los detenidos.
En 2007, interpuso una acción de inconstitucionalidad en la que desconocía a las mujeres sus derechos reproductivos y sexuales, al afirmar que al quitar del Código Penal el delito de aborto, no se estaba garantizando ningún otro derecho. Cree que es deber del Estado obligar a las mujeres a ser madres. Cree que el derecho puede ser usado como brazo armado de su moral.
En resumen, las instituciones que han estado bajo el mando de Medina-Mora han violado la mayoría de los derechos que ahora pretende defender.
Es una candidatura ofensiva e intolerable, pero además, nos da una idea de la seriedad con que se toma el Presidente de la República la defensa de la Constitución.
Pero no todo es negativo. Anoche, Medina-Mora compareció ante el Senado para defender su candidatura y, entre otras cosas, señaló que está calificado para ser Ministro porque “respiro y transpiro a México todo el día”.
Lo dejo a su consideración.