El desbarajuste finaciero de Veracruz. ¿Corrupción o Ineficiencia?

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

El gobierno de Veracruz evidencia un enorme desorden en sus finanzas públicas, razón por la cual resulta ser el campeón nacional en malos manejos administrativos y financieros ya que fue el estado que registró el mayor monto de observaciones en la administración de recursos federales por un monto de 11,992 millones de pesos (mdp), esto es el 17.3% del total denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2013.
Desaseo administrativo, desorganización, errores, omisiones y muy posiblemente corrupción es lo que denotan las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas. Veamos:

Los malos manejos se concentran primordialmente en la Secretaría de Salud de Veracruz la cual recibió observaciones por un monto de 5,179 mdp, lo que representa el 43% del total, que corresponden a recursos del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Veracruz (4,207 mdp) y al FASSA (971.4 mdp). En segundo lugar se ubican las observaciones por la administración de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por una cantidad de 2,047 mdp (17% del total). Le sigue el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con 1,416 mdp (12.2%) y el Fondo Regional (FONREG) con 1,106 mdp (9.2%). En estos cinco fondos se concentra el 82% de las observaciones recibidas.

El sucio trabajo administrativo del gobierno de Veracruz se expresa primordialmente en tres importantes acciones u omisiones realizadas por funcionarios del gobierno estatal en las que se concentra el 74% de las observaciones:
a) En primer lugar se ubican las observaciones por “Recursos no devengados”, es decir montos transferidos por la federación al gobierno de Veracruz que no se gastaron para el propósito que se recibieron, que en muchos casos fue retirado de la cuenta bancaria para darle otro uso y que no fueron reintegrados, lo que constituye un claro desvío de recursos. Este tipo de prácticas administrativas alcanza una cantidad de 3,563 mdp, lo que equivale al 30% del total observado al gobierno del estado.
La pregunta es, ¿Por qué no se gastaron estos recursos? Si no se aplicaron a lo que correspondía, en qué se gastaron? ¿Si no se gastaron, por qué no se reintegraron a la federación?

Destacan en estas observaciones los recursos no devengados de la Cuota Social y la Aportación Solidaria que la federación transfiere al estado para el funcionamiento del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Lo mismo sucede con 64.6 mdp no devengados del FASSA (otra vez el sector salud) y 233 mdp del Programa de Escuelas de tiempo completo.

b) En segundo lugar destaca la amplia responsabilidad que tiene la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEFIPLAN) en el daño patrimonial detectado, pues existen observaciones por un monto de 2,711 mdp de recursos debido a que esta secretaría no los transfirió a las dependencias que correspondía o no realizó el pago a proveedores por obras o servicios contratados por éstas. La pregunta es: ¿Por qué no se cumplió con esos compromisos? ¿En que se ocupó ese dinero? ¿Quién dio la orden de no pagar?
Entre estas observaciones destaca que la SEFIPLAN no entregó a la federación los rendimientos financieros derivados de los recursos que no entregó a la Secretaría de Salud y que tampoco devolvió a la federación por concepto de Cuota Social y Aportaciones Solidarias, lo cual suma un monto de 1,580.5 mdp. Asimismo, sobresale la observación de no entregar recursos del FAM por 618 mdp, del FASSA 315.6 mdp y 122.3 que debió entregar a la UV y no lo hizo.

c) En tercer lugar se encuentran las escandalosas observaciones por los pagos de remuneraciones indebidas que alcanzan un monto de 2,551 mdp (21% del total de observaciones) Aquí resalta el pago de nómina a maestros estatales por un monto de 2,0138 mdp que se hizo con recursos del PAFEF lo cual es ilegal puesto que la ley de Coordinación Fiscal no prevé que este fondo se use para esos fines. También hay que señalar otros 497 mdp de pagos de sueldos no comprobados y el uso de 12 mdp para pagos de salarios a personas que no pudieron ser localizadas.

Evidentemente existen funcionarios responsables de estas anomalías financieras y administrativas. Definitivamente deben ser castigados conforme a la ley. Estos actos ya sea de corrupción ya sea de errores u omisiones no deben quedar impunes y por supuesto deben salir a la luz pública los nombres de los responsables de esas escandalosas irregularidades que hablan de un gobierno estatal víctima de la mediocridad profesional de muchos que tienen la alta responsabilidad de administrar y vigilar la exacta, eficiente y legal aplicación de los recursos públicos y que, en cambio, realizan su trabajo de una manera, sucia, con total opacidad y deshonestamente.
Estos malos manejos (ineficiencia o simple pillería) está afectando el desarrollo de Veracruz. Impide que el dinero público sirva para aplicarse a programas que impulsen el crecimiento económico y disminuyan la pobreza. El delito por malos manejos es grave, pero peor es el crimen que se comete por los efectos de hacer tan mal las cosas: el rezago social y económico de los veracruzanos. Y por ello esto no debe quedar ni impune ni en la obscuridad. La sociedad quiere y merece nombres de responsables y castigos. Hay que empezar a limpiar a Veracruz y para ello hay que poner a estos funcionarios en su casa o en la cárcel, lo que proceda.
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