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XALAPA, Ver., 25 de febrero de 2015.- La responsable del recorte al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo con la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación 2013, fue la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, al no aplicar la fórmula que publicó el Gobierno de Veracruz en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de enero de ese año, un error que redujo en mil millones de pesos los recursos etiquetados para 107 municipios.
El pasado 22 de enero, en una engorrosa explicación, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, acompañado del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, reconoció que se aplicó mal la fórmula.
“La fórmula del FISM donde hay una variación que se tuvo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, quien señaló al Gobierno del Estado que estaba aplicando la fórmula del artículo 35 que no era la aplicable, que en los años anteriores aplicó esa fórmula y la ASF señala que el estado estaba aplicando una fórmula incorrecta”.
E incluso dijo que se habría recuperado esa fórmula, que beneficiaría a más municipios veracruzanos.
“El Gobernador consiguió desde hace ocho días que se recuperara esa fórmula tradicional que estaba aplicando el estado y por lo tanto todos los municipios tienen su incremento marginal con relación al año anterior, no hay ningún municipio que disminuya sus ingresos, al contrario incrementan”.
LA FÓRMULA QUE EL CLIMA DESTRUYÓ
De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento GF-453, la explicación del recorte fue la siguiente:
“El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave distribuyó la totalidad de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 a sus 212 municipios, sin aplicar la fórmula señalada en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, pese a que existían las condiciones de información que demanda dicho artículo; en su lugar, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave utilizó para la distribución de los recursos del FISM, las cuatro variables descritas en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que afectó negativamente a 107 de los 212 municipios por un importe de 1,001,172.2 miles de pesos”.
No obstante, durante el proceso de la auditoría el estado proporcionó la documentación que comprueba que concilió con la Sedesol, antes del 31 de enero de 2013, el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM y el Anexo Metodológico donde la delegación federal, que dirige Marcelo Montiel Montiel, autorizó la metodología por Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Además, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) envío el 5 de febrero de 2013 la Delegación estatal de la Sedesol con la respectiva firma del gobernador Javier Duarte de Ochoa, para su formalización en las oficinas centrales de la dependencia federal.
“Sin embargo, la Delegación estatal de dicha dependencia, no tramitó oportunamente los documentos y el 27 de abril de 2014 por contingencias ambientales se perdieron como consta en el acta de hechos del día 28 de abril de 2014”.
GOBIERNO DEL ESTADO TENÍA RAZÓN
Para la repartición del FISM, el Gobierno del Estado solicitó que se aplicara la fórmula del Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la letra señala:
“Artículo 35.- Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema… para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.
El artículo también refiere que con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
Y así lo hizo el Gobierno del Estado al publicar en la Gaceta Oficial del Estado en el número extraordinario 040 del 31 de enero de 2013, el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal de 2013”.
En el cuarto punto, señala claramente que “La fórmula aplicada para la distribución del FISM es la que establece el artículo 35, Capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal”.
Por este error de la Delegación de la Sedesol es que la Auditoría Superior de la Federación concluye que no se realizaron los cálculos de las asignaciones anuales a los municipios del estado considerando los mecanismos dispuestos en la Ley de Coordinación Fiscal y con base en la fórmula del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Además, “no se asegura una redistribución equitativa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal atendiendo al rezago social y pobreza extrema ni se garantiza una asignación apegada a los propósitos del fondo”.
Finalmente, la ASF emitió, por estos hechos, una Promoción de responsabilidad sancionatoria “por los actos u omisones de los servidores públicos que en su gestión no tramitaron la formalización del Convenio para dar a conocer la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM, ni del Anexo Metodológico por Artículo 35”.