Al pie de la letra

* PULCRITUD OBLIGADA

Aunque la conferencia de prensa de este martes 2 fue convocada para otro tema que nada tenía que ver con las aspiraciones políticas de algunos de sus colaboradores que ya comen ansias por ser postulados a la diputación federal para el año próximo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tuvo que responder que “hasta ahora” ninguno de los miembros de su gabinete le ha presentado su renuncia.

“No, no me han presentado hasta ahora ninguna renuncia mis colaboradores. ¿Que si me han comentado? Sí, sí hemos comentado, como lo hacemos de manera permanente, acerca del panorama político, social y económico, y en algunos casos me han comentado su deseo, trayectoria política y futuro”, comentó para luego precisar que la definición de estas candidaturas no es una facultad suya sino de la dirigencia de su partido, el PRI.

No obstante, dijo que se mantendrá atento a los tiempos que marque el Revolucionario Institucional y a la normatividad que exija. Y luego expresó algo que los aspirantes priistas no deberían minimizar: “Lo que sí les he dicho a todos los que quieran participar es que tienen que ser muy pulcros en lo que tiene que ver con su desarrollo, su participación, cumplir puntualmente con lo que establece la normatividad para evitar cualquier situación que pueda afectar su participación y la propia imagen del gobierno”.

No los mencionó por su nombre, pero inevitablemente la alusión del mandatario veracruzano hizo pensar en sus secretarios de Protección Civil, Nohemí Guzmán Lagunes, y de Educación, Adolfo Mota Hernández, los cuales todavía no son candidatos oficiales y ya tienen en su contra sendas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de precampaña y por el presunto uso de recursos públicos para su promoción personal.

La advertencia del gobernador Duarte a sus colaboradores no debe ser tomada como un clamor en el desierto, pues la recomendación del jefe del Poder Ejecutivo del estado es bastante comprensible y está más que justificada, pues sólo habría que recordar los aprietos en que lo metieron durante el proceso electoral local de 2013 otros funcionarios, entre ellos el ex alcalde de Boca del Río y a la sazón secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, quien fue grabado durante una reunión con operadores priistas en la que se les aleccionaba sobre cómo capitalizar los programas asistenciales de la Sedesol federal a favor de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales del PRI.

Hace un año no sólo tuvo que renunciar Manzur Díaz a la Sefiplan después del cese del delegado estatal de la Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández –quien, por cierto, ahora dicen que estaría por asumir un relevante cargo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano coincidentemente después de que su pupilo Ricardo Landa Cano, ex subsecretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI, fue “destapado” hace un mes en Banderilla por Silvio Lagos Galindo, director general de Rescate de Espacios Públicos de la SEDATU, como su candidato a la diputación por el distrito de Xalapa-Rural, el mismo por el que Adolfo Mota es perfilado desde Palacio de Gobierno–, sino que el mismo Duarte de Ochoa también estuvo a punto de ser obligado a solicitar licencia para separarse de la gubernatura y asumir la Procuraduría Federal del Consumidor que el 15 de mayo de 2013 quedó acéfala a raíz de la renuncia de Humberto Benítez Treviño por el escándalo que protagonizó su prepotente hija Andrea Benítez, motejada en las redes sociales como “Lady Profeco”.

En aquella ocasión la difusión de los audios en los que se le escuchaba decir a Chava Manzur que los programas federales de la Sedesol eran “oro molido” pusieron también contra la pared al presidente Enrique Peña Nieto, quien por la presión de las dirigencias nacionales del PAN y PRD se vio obligado a firmar un adendum para salvar el Pacto por México y así poder sacar en el Congreso de la Unión, con el apoyo de la oposición, su paquete de reformas estructurales.

Es más, todavía en julio de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE sancionar al gobernador Duarte de Ochoa, a su ex secretario particular Jorge Carvallo Delfín, actual secretario de Desarrollo Social y aspirante a la diputación federal por San Andrés Tuxtla, y al ex subsecretario de Administración y Finanzas, Gabriel Deantes Ramos, por haber acudido el 4 de abril de 2012, un día hábil, a una comida organizada para el entonces candidato presidencial del PRI, Peña Nieto. 

Con una votación dividida de 4 votos contra 3, la Sala Superior del TRIFE consideró que no bastaba con que los servidores públicos solicitaran licencia a su cargo para evadir la prohibición que establece el artículo 134 de la Constitución, el cual estipula que los servidores públicos deberán abstenerse de desviar recursos públicos a favor de partidos o candidatos y de realizar acciones que afecten la neutralidad de las instituciones.

“La mera solicitud de licencia sin goce de sueldo, permiso u otra equiparable para realizar actividades de naturaleza privada, es insuficiente para generar una excepción a la regla general”, señaló en su proyecto el magistrado ponente Salvador Nava, al cual se sumó la magistrada María del Carmen Alanís, quien dijo que los funcionarios “no tienen por qué aprovechar su investidura de servidores públicos para ir a apoyar actos proselitistas”.

Por eso la advertencia, a tiempo, de Javier Duarte a sus colaboradores. Más ahora que el “horno no está para bollos” luego de la grave crisis política que enfrenta el presidente Peña Nieto desde la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, motivo por el cual el mexiquense estaría por negociar que la Fiscalía para Delitos Electorales se entregara a la oposición, cuyo nombramiento de su titular está atorado en el Senado de la República.

AVISO

Debido a que su autor saldrá de viaje, esta columna dejará de aparecer a partir de mañana, viernes 5, reanudándose su publicación a mediados de la semana entrante. Gracias por su comprensión.