Al pie de la letra

* LÓGICA ‘SECUESTRADA’

Sorprendió la ligereza con la que Antonio Quintana, representante formal del Comité Ejecutivo Estudiantil Normalista, intentó deslindar a su movimiento de los actos vandálicos cometidos durante la manifestación del pasado miércoles, en la que un grupúsculo de encapuchados roció gasolina y prendió fuego a una de las puertas de Palacio de Gobierno.

Según versiones periodísticas, a nombre de los normalistas, Quintana aseguró que no fueron estudiantes del área de Humanidades de la Universidad Veracruzana los que realizaron este acto, y afirmó que claramente se trata de “infiltrados” enviados por las propias autoridades de gobierno.

“Es triste que las propias autoridades puedan enviar infiltrados para tirar un movimiento social legítimo de estudiantes. Es triste que esto pase, porque el movimiento estudiantil es pacífico”, dijo el sedicente líder normalista, quien sólo reconoció que algunos manifestantes portaban antorchas de fuego durante la marcha, pero que personas desconocidas y encapuchadas lanzaron gasolina y fuego con la intención de hacer parecer que los estudiantes son violentos.

“No creo que entre los mismos estudiantes ni la sociedad nos estemos atacando, todos estamos en un mismo camino”, argumentó. Luego declaró que en asamblea estudiantil se analizará e investigarán estos hechos reprobables para evitar posibles infiltraciones que buscan hacer parecer que las manifestaciones son violentas y con ese pretexto justificar la presencia de la policía estatal, pues anticipó que los normalistas y universitarios continuarán con el movimiento y las marchas pacíficas para exigir justicia para los estudiantes y evitar impunidad en el país por el acoso y asesinato a normalistas.

Es importante que Quintana y su Comité Ejecutivo Estudiantil Normalista se apresuren a investigar e identificar plenamente a ese grupo de provocadores y evitar que se infiltren en sus próximas marchas y manifestaciones.

Y urge que lo haga porque sinceramente sus conjeturas no tienen ningún sentido lógico, ya que a quienes menos les conviene política y mediáticamente que se repitan escenarios violentos como el del miércoles anterior es precisamente al gobierno del estado debido a que a partir de la próxima semana Veracruz será el anfitrión de miles de atletas de 31 países que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Inclusive, antes de que se registraran estos hechos, algunos funcionarios estatales expresaron en corto su preocupación de que algunos provocadores intentaran boicotear este evento deportivo de relevancia para esta región continental, lo que afectaría la imagen y dejaría malparado al gobierno de la entidad.

¿Alguien medianamente inteligente puede creer que así como está de revuelta y candente la situación nacional, el gobierno estatal podría mandar “infiltrados” para tener una coartada legal y justificar entonces una acción represiva contra el movimiento estudiantil?

El gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus operadores políticos pueden adolecer de muchos defectos pero tampoco parecen tener un solo pelo de tontos. Fraguar una maniobra como ésta significaría para ellos un suicidio político en estos momentos.

Baste ver cómo otros grupos de presión están aprovechando esta coyuntura también para exigir obras y recursos a la administración estatal con bloqueos carreteros por doquier. Y, hasta ahora, no ha habido ningún tipo de represión, a pesar de que algunas movilizaciones populares están siendo manipuladas por intereses políticos particulares de algunos seudolíderes, como presuntamente sería el caso del diputado local Renato Tronco, que estranguló el tráfico vehicular en el sur de la entidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que provocadores, sin dar la cara, cometen este tipo de desmanes en la capital veracruzana. En manifestaciones anteriores han grafiteado edificios públicos, como el del CDE del PRI, y atacado instalaciones de medios de comunicación, sin que haya habido alguna consecuencia legal.

En esta ocasión tampoco el gobierno procedió a presentar una denuncia penal contra quienes resultaran responsables de los daños ocasionados al inmueble gubernamental.

Llama la atención, sin embargo, que ese mismo día en la manifestación multitudinaria realizada en la ciudad de México, otro grupo de 40 encapuchados lanzaran bombas molotov e incendiaran una unidad del Metrobús y la estación de Ciudad Universitaria, causando daños por más de 10 millones de pesos.

Pero allá, donde gobierna el PRD, sí hubo dos detenidos: Sergio Pérez Landeros y Luis Fernando Sotelo Zambrano, de 33 y 20 años de edad, respectivamente, los cuales fueron llevados a la Coordinación Territorial Coyoacán de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Acá, en Xalapa, habrá que esperar que Quintana y su Comité Ejecutivo Estudiantil Normalista se apresuren a investigar e identificar plenamente a este grupo de provocadores a los que, sin mayores elementos de prueba más que su prodigiosa especulación, ha vinculado como “infiltrados” del gobierno para desvirtuar presumiblemente el sentido pacífico de sus manifestaciones.

Ojalá que los identifique pronto para que demuestre que sí era cierta su aseveración y exhiba públicamente al “perverso” y “maquiavélico” gobierno estatal. De lo contrario va a quedar como un paranoico mentiroso, y a ver quién le cree después cuando entonces sí diga la verdad. ¿O acaso nunca leyó o le leyeron el clásico cuento de “Pedro y el lobo”?