Al pie de la letra

Coatepec, ‘igualado’

Apenas este lunes 6, casi dos semanas después de la desaparición y ejecución de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto salió a anunciar que instruyó a las instancias que conforman el gabinete de seguridad federal a tomar acciones, en el marco de sus atribuciones, para esclarecer los hechos de violencia en ese municipio guerrerense, detener a los responsables y aplicarles la ley.
En su mensaje, Peña Nieto dijo que en el Estado de Derecho “no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, y calificó los hechos de violencia en Iguala como “indignantes, dolorosos e inaceptables”. Pero… ¿el Presidente y su gabinete de seguridad nacional realmente desconocían lo que sucedía en esa entidad y municipio gobernados por el PRD, donde la Procuraduría General de Justicia del estado ha atribuido esas desapariciones y asesinatos a narcopolicías al servicio del cártel Guerreros Unidos?

Es de dudarse, francamente, ya que desde a mediados de agosto se tenían indicios de la pugna que se había reavivado en regiones de Guerrero entre ese grupo criminal y Los Rojos. Según autoridades estatales, recientes hechos de violencia en Taxco y en el municipio de Eduardo Neri respondían a esa disputa. En Taxco, Los Rojos –que hasta hace unos meses tenían prácticamente la plaza perdida– se reagruparon para enfrentar nuevamente a los Guerreros Unidos.

Hace un par de meses, en Mezcala, una comunidad del municipio de Eduardo Neri, ubicada a un costado de la carretera Chilpancingo-Iguala, hubo enfrentamientos entre civiles armados. Una persona fue decapitada y varias más murieron en la refriega, pero sus cuerpos fueron levantados por sus compañeros. En Mezcala, desde hace diez años la empresa Gold Corp explota el yacimiento de oro más importante de México. En Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, también se han registrado enfrentamientos entre integrantes de Guerreros Unidos y Los Rojos. En junio de este año, fueron localizados 14 cadáveres en 8 fosas clandestinas en las afueras de esa localidad.

Guerrero registra la tasa de homicidio más alta de todo el país, con 25.2 casos por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 31 de julio de este año. Pero la entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero no es la única donde las policías municipales siguen siendo las estructuras más vulnerables en la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado que impulsa la administración del presidente Peña Nieto.

En Michoacán, por ejemplo, el cártel de Los Caballeros Templarios convirtió a decenas de policías michoacanos en una red de “halcones” que se extendía a varios de los 113 municipios de la entidad. Sin embargo, producto de investigaciones de la Procuraduría del Estado, entre los meses de junio y agosto fueron detenidos y consignados seis directores de Seguridad Pública, dos ex directores y 72 agentes municipales que servían como informantes al cártel de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Los mandos y policías detenidos estaban distribuidos en 10 municipios, ubicados en zonas estratégicas para el crimen organizado. Sus aliados en las comandancias le permitieron al cártel michoacano conocer movimientos y operativos del Ejército, Marina y corporaciones policiacas en general. Las patrullas y equipo de comunicación estaban a disposición del cártel michoacano.

El 30 de junio agentes estatales detuvieron a 16 policías de Tlazacalca, implicados en un atentado en el que falleció un agente de la policía estatal y cinco más quedaron heridos.

Su captura fue posible porque ocho sicarios de Los Caballeros Templarios los delataron.

Churintzio era otro de los municipios donde “La Tuta” tenía infiltrada a la Policía. Esa localidad era clave para los intereses del cártel templario, por su conexión directa a la autopista México-Guadalajara y a una zona de caminos secundarios.

De acuerdo a las pesquisas de la PGJE, la red de policías informantes del cártel templario abarcaba a municipios como Quiroga, Tzitzio, Tlazazalca, Villa Madero, Tangancícuaro, Purépero, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. En Quiroga fueron detenidos el ex director de la Policía Municipal y cuatro agentes en activo que poseían droga sintética. El 13 de julio también fue aprehendido el ex director de la Policía de Tzitzio, Gabino Belela Benítez, acusado de ordenar matar al síndico Jesús Rodríguez Bueno, ejecutado el 9 de julio. Belela ocupó varios cargos en áreas de Seguridad Pública en diferentes municipios de la entidad, con apoyo del grupo criminal al que servía. A la red de informantes se suman un director de Seguridad Pública y 27 policías que prestaban su servicio en Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. A ese grupo de agentes se le indagó también por el hallazgo de varias fosas clandestinas encontradas el pasado 26 de junio en un predio de Ciudad Hidalgo y de las cuales fueron desenterrados 11 cadáveres, víctimas todos de los templarios.

Aquí, en Veracruz, el secuestro y homicidio del tesorero municipal de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, desaparecido el 22 de agosto pasado y cuyo cadáver fue hallado tres días después, puso al descubierto también la complicidad de jefes y policías locales con un grupo del crimen organizado. El jueves 25 de septiembre, fueron detenidos el comandante Eder Omar Álvarez Tapia, (a) “El Boss”, y sus auxiliares Jairo Brizio Caballero Espinosa y Francisco Sandoval Hernández, por su presunta implicación en la muerte de Pozos Rivera.

Sólo que en Iguala, Guerrero, el alcalde perredista José Luis Abarca, quien ha sido expulsado de su partido, solicitó licencia de inmediato para separarse del cargo y darse a la fuga, mientras que en Coatepec, el munícipe priista Roberto Pérez Moreno, “Juanelo”, sigue muy campante despachando en el palacio municipal del llamado Pueblo Mágico, sin que nadie lo llame a cuentas pese a que el jefe policiaco dependía directamente de él.