Hora Cero

Marchas y manifestaciones

En la capital del estado, cada año, más de mil marchas o manifestaciones desquician el tránsito vehicular y, en general, la actividad del centro de la ciudad.

Sin contar los domingos y días festivos, prácticamente todo el año hay manifestaciones; cálculos conservadores estiman que en Xalapa se registran más de mil 200 anualmente.

A los grupos que se organizan en esta ciudad se suman las agrupaciones campesinas, asociaciones de colonos, partidos políticos y prácticamente cualquier expresión social que proviene de los 212 municipios veracruzanos; todos se concentran en Xalapa y particularmente frente a los palacios municipal y de gobierno, donde despachan alcalde y gobernador del estado respectivamente.

No faltan las voces que exijan la intervención de las autoridades, debido a que las manifestaciones, marchas y plantones representan caos vial y molestias a los automovilistas y al comercio del centro de la ciudad.

Tal vez por ello, el diputado Adolfo Ramírez Arana presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado, que busca regular ese tipo de expresiones sociales, que estarían sujetas a la autorización del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, instancia que decidiría cuál manifestación se permite y cuál se declara ilegal.

En la iniciativa contra las marchas se aclara que en el caso de que un bloqueo de la vialidad no tenga el permiso correspondiente, la fuerza pública conminará a los manifestantes a retirarse y liberar el paso; si no lo hicieran, se procedería al desalojo y a posibles arrestos

Existen opiniones que consideran necesaria la regulación de las marchas; el regidor de la comisión de Tránsito y Vialidad en el Ayuntamiento de Xalapa, Heriberto Ponce Miguel, por ejemplo, se pronunció por reglamentar las manifestaciones y bloqueos, en virtud de que afectan la vida cotidiana de Xalapa y también el desarrollo económico y comercial.

Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su parte, opinó que antes de pensar en el retiro de manifestaciones con la fuerza pública, se debe agotar el diálogo y la conciliación.

Se trata de un debate que apenas comienza y que incluirá, como temas centrales, los derechos humanos y las garantías individuales, porque no sólo entra el libre tránsito, sino también los derechos a la expresión, a la asociación y a la reunión.

El Artículo 9º de la Carta Magna dice que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”… y aclara que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Ese artículo, que es parte de las garantías individuales de los mexicanos, también sostiene que “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad…”; eso es lo que dice nuestra ley federal más importante.

Proponer que el gobierno autorice las marchas y manifestaciones no sólo es regresivo, sino también anticonstitucional; la ley del garrote es contraria a los derechos humanos y, en este caso, violatoria de las leyes; por eso se observa difícil que avance la iniciativa del diputado Ramírez Arana. @luisromero85