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BOCA DEL RÍO, Ver., 14 de julio de 2014.- Este lunes, regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Boca del Río pidieron que la directora del Instituto Municipal de la Mujer, María Josefina Gamboa Torales, sea separada de su cargo, mientras enfrenta su proceso penal como presunto responsable del homicidio culposo de un joven, aseguró el regidor Sergio Lira Escobar.
“Más que pedir su cese, creo que el director jurídico le debe de estar informando al alcalde que en la Ley Federal Laboral exige que una persona que enfrente un proceso penal debe de ser cesado de sus funciones laborales”, dijo.
Lira Escobar señaló que la ley es clara y es algo que debe de ponderar el presidente municipal, debe de tomar determinación de separarla de su cargo como directora, pues cometió un delito y enfrenta un procedimiento penal.
“Tiene que suspenderla, debe de nombrar a alguien porque su cargo no puede quedar vacío, debe de poner a alguien que se encargue de esa dirección”, indicó.
El edil explicó que el Artículo 42 de esa ley detalla que la situación en la que se encuentra la funcionaria es un de las causas de suspensión temporal de las obligaciones.
“La ley explica que si obtiene su libertad bajo fianza, debe de presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se le siga el proceso por delitos intencionales”, puntualizó.
Por otra parte, el edil dijo que ellos están dando el respaldo a los familiares del joven José Luis Burela López, quien perdió la vida en el hecho, durante las primeras horas del sábado.
«La familia se acercó a nosotros y nos pidió que la señora Josefina sea juzgada como una ciudadana más y no haya ningún tipo de trato especial», indicó.
El priista hizo un llamado al presidente municipal, Miguel Ángel Yunes Márquez, y a demás funcionarios que estuvieron en las instalaciones del Ministerio Público para que dejen de politizar y entorpecer la aplicación de la ley.
“Deben de dejar de entorpecer y politizar la administración de justicia, así como la diligencias que se realizan por parte de la Procuraduría de Justicia, ya que están cayendo en actos imprudentes sin facultad y competencia para acudir a abogar por esa compañera de trabajo por ser servidores públicos”, concluyó.