Andi Uriel Hernández Sánchez/Contrastes
Agua, energía y Odebrecht
Este sábado 22 de marzo se celebrará el Día Mundial del Agua, establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; esto, en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992, cuando se acordó promover actividades encaminadas a fomentar la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo, el bienestar social y los ecosistemas.
Este año, en ese marco, se discutirá el tema “agua y energía”. La ONU recomendó destinar recursos y esfuerzos para el estudio de ese vínculo, a fin de apoyar a los habitantes de zonas marginadas y pobres que enfrentan tanto problemas de abasto de agua como de suministro de energía
No se trata de un tema menor porque se plantea, como grandes retos a futuro para los países emergentes, la necesidad de satisfacer la demanda de agua dulce y de energía eléctrica para las próximas décadas.
En el documento emitido por la organización y difundido, entre otras instancias, por el Inegi, se menciona que en el mundo, mil 300 millones de personas viven sin electricidad y 780 millones carecen de agua potable, en tanto que 2 mil 500 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento.
En México, agua y energía tienen una estrecha relación de interdependencia porque la generación de energía eléctrica requiere de los recursos hídricos, mientras que el 8 por ciento de la producción de energía nacional se utiliza para el bombeo, tratamiento y transporte del agua a los consumidores.
Ese es el tema que en lo inmediato se plantea en la agenda ambiental nacional e internacional, mientras que en Veracruz la discusión se enfoca en la instalación de hidroeléctricas como la que la empresa brasileña Odebrecht proyecta en el río Los Pescados.
Se trata, como sabemos, de una obra que contempla una inversión superior a los dos mil millones de pesos.
Los promotores de ese proyecto hablan de cinco beneficios: El abastecimiento de agua a Xalapa para terminar con el problema del desabasto en temporada de estiaje; la generación de energía eléctrica limpia que se utilizaría, en un treinta por ciento, para la propia operación de la presa; la regulación del caudal que favorecería a los sistemas de riego en temporada de estiaje y evitaría el impacto de inundaciones en los meses de lluvia; y la generación de dos mil empleos directos y unos seis mil indirectos, lo cual reactivaría la economía de los municipios de la zona.
Así planteado suena bien; sin embargo, hay una oposición importante de grupos ambientalistas que señalan que esa inversión atenta contra la biodiversidad, representa un riesgo para la población y un fuerte impacto para la economía de las familias que dependen de las actividades turísticas.
Por otro lado, hay denuncias contra esos trabajos, porque no cuentan con el manifiesto de impacto ambiental ni con los permisos de la federación, el estado y los municipios que abarca; y éstos no se darán hasta que se aclaren en su totalidad dos temas fundamentales, el cuidado al entorno ambiental y la protección de la población asentada en ese lugar. @luisromero85