Hora Cero

Esta semana, la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado dio a conocer los resultados de más de mil auditorías practicadas en 2012 por el Órgano de Fiscalización Superior a los llamados entes fiscalizables, las dependencias del estatal gobierno y los ayuntamientos, además de todos los organismos que manejan recursos públicos en Veracruz.
Treinta y ocho municipios de la entidad presentan un presunto daño patrimonial con montos que van desde 500 mil hasta 41 millones de pesos.
Destacan, por las sumas presuntamente desviadas, los casos de Xico, con 24 millones 974 mil pesos; Castillo de Teayo, con 7 millones 69 mil; Camerino Z. Mendoza, con 5 millones 739 mil; y Nogales, con 4 millones 453 mil, entre los municipios con los daños patrimoniales más abultados.
Sin embargo, los hoy ex alcaldes de Acultzingo, Alpatláhuac, Ángel R. Cabada, Astacinga, Atlahuilco, Carlos A. Carrillo, Chinameca, Colipa, Cosautlán de Carvajal, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y Gutiérrez Zamora también están en problemas.
El común denominador es que casi todos son pequeños municipios de menos de 25 mil habitantes. La excepción sería Fortín de las Flores, cuyo ex alcalde, César Torrecilla Ramos, dejó irregularidades por más de 41 millones de pesos solo durante el ejercicio 2012.
Si bien no se puede hablar todavía de desvío de recursos o alguna actividad ilícita por parte de los responsables del manejo de las finanzas en esos ayuntamientos, si se presumen irregularidades.
En total, sumando las cifras del presunto daño patrimonial en el ejercicio 2012, la cantidad asciende a 409 millones 346 mil 68 pesos, que deberán ser solventados; es decir, justificados, en un plazo no mayor de 20 días.
Habría que destacar que el Órgano de Fiscalización realizó mil 20 auditorías a las cuentas públicas del 2012; esto es, 793 auditorías legales y financieras-presupuestales, así como 227 auditorías técnicas a la obra pública.
El tema es que cada año la situación es la misma: se anuncian los resultados de las auditorías practicadas por el Orfis, se habla de inconsistencias, observaciones y daños patrimoniales, pero los ediles, tesoreros y directores de obras no pisan la cárcel.
Ello deja entre la gente la percepción de que los funcionarios señalados hacen las cosas muy bien, o no dejan huella de actos de corrupción, o los fiscalizadores fallan, o no se integran las denuncias de manera correcta.
El último antecedente de un ex alcalde denunciado por daño patrimonial ocurrió en agosto de 2011; se trata del ex presidente municipal de Tuxpan, Juan Ramón Gánem Vargas, quien fue detenido por presunta malversación y liberado unos días después.
Bonifacio Castillo Cruz, ex alcalde de Papantla, también corrió con la misma suerte en 2003 y fue internado en el penal de Pacho Viejo, acusado por el delito de peculado durante su periodo al frente de ese ayuntamiento, de 1998 a 1999.
El problema se relaciona con dos fenómenos: por un lado, la corrupción que impera en muchos gobiernos municipales; y por otra parte, la impunidad que prevalece al no impartirse justicia, al no ejercer acción penal contra quienes saquean los recursos públicos. @luisromero85