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POZA RICA, Ver., 05 de diciembre de 2013.- Un promedio de 35 comerciantes les exigen pagar 120 mil pesos para seguir vendiendo en la plazoleta de la Central de Abastos del Sur de las Huastecas (CASH), de lo contrario, podrían ser desalojados con fuerza pública.
El dirigente de uno de los grupos de vendedores de ese sitio comercial, Javier Trejo Palafox declaró que no están dispuestos a pagar esa cantidad, pues Roberto Bisteni Farah, quien se ostenta como el legítimo dueño del predio, no les comprueba que él sea el propietario de ese terreno.
Pero aún así, Bisteni Farah ya vendió una fracción del solar, donde ahora se construye un hotel, entre las bodegas de la CASH, pero tampoco les entregó escrituras, sólo les prometió entregárselos después, una vez que terminen los procesos jurídicos.
En la plazoleta de la central de abasto están instalados 35 comerciantes que fueron reubicados de la calle «Mina», de la colonia «Ricardo Flores Magón», durante la administración del entonces alcalde Pablo Anaya Rivera. Pero se quedaron como invasores y ninguna autoridad municipal les regularizó el predio.
Ahora, el grupo «Antorcha Campesina» abandonó el proyecto de regularización del espacio territorial, pero no sin antes pedir una aportación de 7 mil 400 pesos por cada comerciante, sin embargo, jamás se concretó la iniciativa que les prometió legalizar cada local, y el dinero, no aparece, expuso don Esteban Sánchez Allende.
Además, los dirigentes de esa organización prometieron «aterrizar» un préstamo de 4 millones de pesos, de parte de Gobierno del Estado, que los invertirían para mejorar las condiciones de esa plaza comercial; pero tampoco hubo beneficios, pero si cooperaciones de los mercantes.
Por el momento, indicó don Esteban Sánchez, es confiar en Roberto Bisteni Farah para obtener la certeza jurídica de los establecimientos con medidas de dos metros por cuatro de ancho. Unos 53 comerciantes ya entregaron un anticipo de un millón 150 mil pesos, y aseguró que el grupo de Javier Trejo sólo quieren regalado los locales, «ese es el problema de ellos, no quieren pagar», dijo.
Sin embargo, quien se dice dueño del predio no ha entregado las escrituras de las bodegas que vendió a unas personas, y que ahora les exige 2 millones de pesos para reiniciar el proceso de legalización de los locales. Aunque hay vendedores que desconfían en las propuestas que presentan ambas agrupaciones de la CASH, pues cada vez les exigen más dinero, pero no les entregan las documentaciones.