Miguel Ángel Sánchez de Armas/Juego de ojos
Cuando a la mitad del sexenio de Felipe Calderón se destinaron más de 76 mil millones de pesos para el rescate del sector inmobiliario e hipotecario nacional, se pensaba que dicho sector saldría de una crisis que lo mantenía al borde del colapso.
No fue así, al contrario, la crisis en dicho sector estaba lejos de tocar fondo: las principales desarrolladoras de vivienda de nuestro país, Homex, Ara, Urbi, Sare y Geo, que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores, perdieron, literalmente, miles de millones de pesos: las acciones de Geo cayeron en más del 24 por ciento en un día; mientras que las de Homex se desplomaron en un 31.33 por ciento.
Entre las tres principales, Geo, Homex y Sare, las pérdidas llegaron a más de 4 mil 600 millones de pesos en el segundo trimestre de este año.
El problema radica en que, evidentemente, las políticas gubernamentales de apoyo a ese sector parecen equivocadas porque las principales empresas del ramo siguen trabajando con números rojos a pesar de la millonaria inyección de recursos públicos: en 2009, el gobierno federal destinó 60 mil millones de pesos dentro del Pacto Nacional por la Vivienda, mientras que en 2010 se canalizaron otros 16 mil millones, para que la cifra del rescate alcanzara los 76 millones de pesos, que fueron utilizados para la construcción, el fomento a la inversión privada y los créditos individuales.
El tema de la vivienda en nuestro país adquiere una dimensión preocupante: el déficit obliga a construir 650 mil casas nuevas cada año, tanto por la formación de nuevos hogares como por problemas relacionados con el hacinamiento, el deterioro y la sustitución de edificaciones antiguas.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, tiene casi 300 mil viviendas recuperadas en condiciones de abandono, mientras que especialistas de dicho sector, señalan que en el ámbito nacional existen casi 5 millones de viviendas abandonadas, cuyos propietarios, las personas que contrataron créditos para su adquisición, prefirieron olvidar porque no cuentan con servicios o simplemente porque no tienen capacidad para cubrir sus adeudos.
Se trata de un problema social que se refleja en todo el país y una expresión de éste es lo que ocurre en Veracruz.
En el fraccionamiento Lomas de Santa Fe, por ejemplo, se registra un conflicto porque la empresa Homex construyó y vendió casas, a través de créditos hipotecarios, pero no dejó servicios; unas 160 familias no tienen energía eléctrica y otras 80 prefirieron abandonar sus casas. Igual ocurre en el fraccionamiento La Pastoresa, donde no cuentan con suministro de agua. La empresa simplemente se ha desentendido.
En Córdoba, por ejemplo, Homex construyó el fraccionamiento Colinas de San José; sin embargo, no introdujo energía eléctrica ni agua potable, por lo que unas 2 mil 500 casas fueron abandonadas, convirtiendo a ese lugar en un pueblo fantasma. Hay otras 800 familias que se quedaron habitando aún sin servicios básicos, debido a que no tienen otra opción.
Por supuesto, son familias que exigen que el gobierno se haga cargo de los servicios y destine recursos públicos para resolver un problema originado por las empresas desarrolladoras de vivienda. @luisromero85