En 2013 se denunciaron ante PGR irregularidades en pruebas de VIH: SS

XALAPA, Ver., 22 de noviembre de 2016.- En 2013 se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades presentadas con las pruebas rápidas de detección de VIH en 2011, y que tuvieron un costo de 9 millones de pesos, pues algunas salían reactivas cuando eran negativas y viceversa, informó el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso.

Durante la sesión de preguntas y respuestas como parte de las comparecencias por la glosa del VI Informe de Gobierno, reconoció que Veracruz ocupa el tercer lugar en casos de VIH a nivel nacional, además de que en 2011 el área médica detectó irregularidades en las pruebas de VIH que eran aplicadas a mujeres embarazadas y público en general, por lo que se presentó en mayo de 2013 una denuncia ante la PGR, la cual se declaró incompetente y dirigió la investigación a la Fiscalía General del Estado (FGE), organismo donde se mantiene.

Al ser cuestionado por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cinthya Amaranta Lobato Calderón, precisó que fueron un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH las que presentaban inconsistencias, por lo que fueron regresadas, sin embargo, fueron enviadas nuevamente aunque en empaques diferentes.

Tajante en sus respuestas, Benítez Obeso dijo que se han aplicado campañas para prevenir y atender los casos de Sida, por lo que cuando se detecta una mujer embarazada portadora del virus, se le dota de retroviral, se le hace cesárea y se le otorga leche gratuita durante dos años,

Asimismo, comentó que brindan educación sexual, hacen campañas permanentes en ferias, jornadas de salud y en Centros de Readaptación Social agregó que a lo largo de 2016 se entregaron 10 millones de condones en las 11 jurisdicciones sanitarias.

Sobre el tema de los recursos públicos, el Secretario de Salud dijo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) debe 14 mil 282, 851 millones 326 pesos con 17 centavos a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), por lo que de manera periódica ha notificado a hacienda federal y ha requerido a Sefiplan el pago de los fondos etiquetados.

«Dejando en claro que el impacto negativo deriva en la atención de la salud y no es causa de la dependencia a mi cargo».