¿Mano dura con las marchas?

¿Mano dura con las marchas?

Luis Eduardo Coronel Gamboa

La semana pasada, el ex Presidente Municipal de Xalapa y actual diputado local, David Velasco Chedrahui declaró que en Xalapa “se ha perdido la mano dura”, recalcando que en sus tiempos como Alcalde (se entiende, los tiempos del puño de hierro), “también había manifestaciones, pero yo empecé a demandar a los que hacían las manifestaciones cuando obstruían las vías de comunicación; hablaba con ellos y les decía que se podían manifestar sin bloquear las calles”. Probablemente la administración que encabeza Américo Zúñiga Martínez tiene mejores asesores jurídicos, porque tomar las calles de una ciudad para ejercer el derecho de protesta no es, ni ha sido nunca, un delito, por lo que denunciar a los participantes de una manifestación no tiene mayor sentido.

La posibilidad de manifestarse de manera pacífica, está salvaguardada por las libertades de expresión y reunión, que gozan en el sistema constitucional mexicano de una posición preferente, ya que son pieza clave para el adecuado funcionamiento del juego democrático. En sociedades masivas, plurales y complejas, en las que algunos grupos sociales son invisibilizados y existen inconformidades no atendidas, es a través de las manifestaciones que consiguen, al menos, que sus reivindicaciones pasen a formar parte del debate público. Es decir, las manifestaciones sociales constituyen un instrumento no institucional efectivo para exigir y garantizar otros derechos.

Sin embargo, es cierto que el ejercicio de dicho derecho puede afectar a personas ajenas a las marchas, por ejemplo, los dueños de comercios que enfrentan serias pérdidas económicas o quienes quedan atascados en el tránsito vehicular. Lo anterior, indudablemente genera descontento.
¿Es posible regular las marchas? Sí, hasta cierto punto. Es posible establecer la obligación de notificar con 24 horas de anticipación a la marcha (como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Relatora de Naciones Unidas para los derechos de Asociación y Reunión), pero únicamente para que la autoridad pueda tomar providencias como hacerlo del conocimiento público para que los ciudadanos estén preparados, y para planear vías alternas. Pero no es posible establecer (como pretendía la iniciativa del diputado Ramírez Arana) la obligación de los manifestantes de contar con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, ni ésta puede tener la facultad de calificar si una manifestación tiene o no, un fin lícito. Tampoco pueden prohibirse de manera terminante las manifestaciones en “vías primarias de circulación”. El Jefe de Gobierno del DF propuso una Ley en ese sentido, que fue aprobada en mayo del año pasado, y se estrelló con 14 mil amparos y dos acciones de inconstitucionalidad. A partir de noviembre se comenzaron a resolver los juicios de amparo y, hasta el momento, ha perdido todos. Sólo es posible prohibir que una manifestación se lleve a cabo en un lugar y horario determinado cuando se compruebe que se produce una obstrucción total de las vías de circulación que, por el volumen de tráfico que soportan y por las características de la zona, provoquen colapsos circulatorios en los que, por un periodo de tiempo prologado, queden inmovilizados vehículos y se les impida el acceso a determinadas zonas de la ciudad por imposibilidad de que la autoridad habilite vías alternativas de circulación. Pero en el contexto específico de Xalapa, no veo posibilidades reales de que se sostenga una prohibición a manifestarse por ejemplo, sobre Enríquez, que es donde se concentra la gran mayoría, ya que en ese supuesto, el lugar de la manifestación (frente al Palacio de Gobierno), es tan importante para los manifestantes como el mensaje mismo. Al primer amparo se vendría abajo.

Si las posibilidades de regular son tan limitadas, ¿valdría la pena tomarse la molestia? Me parece que no. En un año electoral, y cuando Veracruz carga con una imagen negativa con relación a la libertad de expresión, lo último que necesita es abrir otro frente en la materia. La Ley de Mancera generó al “Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social” que lo derrotó en los tribunales.
Por otra parte, cuántos no nos hemos visto atascados en el tránsito hayan o no manifestaciones. Eso es sintomático de que los problemas de movilidad en Xalapa no son causados exclusivamente, y probablemente, ni siquiera de manera principal, por las marchas, sino por el exceso de vehículos privados (que a su vez, es consecuencia de un mediocre sistema de transporte público), la falta de cultura vial (que desincentiva a potenciales ciclistas o peatones), la concentración de la gran mayoría de las oficinas públicas en el Centro de la ciudad y los problemas que derivan del diseño mismo de las vialidades en la Capital.

La vía más conveniente es reforzar los Planes de Movilidad existentes, aprender lo que podamos de las experiencias en ciudades como Bogotá, Medellín y Curitiba, así como modernizar y meterle orden al transporte público.

La tentación de “la mano dura” traería más problemas políticos, que los que resolvería en materia de movilidad. Las marchas son incómodas, sí. Pero la democracia no está diseñada para ser una zona de confort, sino para resolver de manera pacífica las problemáticas sociales. En ese contexto, las manifestaciones son una herramienta que no debe ser estigmatizada ni mucho menos criminalizada.
Asunto distinto son los denominados anarquistas (sólo porque son violentos, porque la mayoría aseguraría que Bakunin es alguna especie de aplicación para sus anti imperialistas ipads), quienes, si cometen un delito, como daños a propiedad privada o robo, deben ser detenidos -con pleno respeto a sus garantías judiciales y al resto de sus derechos fundamentales-, procesados y sancionados. Exculparlos de responsabilidad penal, sólo porque se encuentran en una concentración masiva sería, parafraseando a Borges, un abuso de la estadística.