XALAPA, Ver., 11 de julio de 2019.- Empresarios xalapeños respaldaron que en Xalapa y en general en la entidad, se haga valer el Estado de Derecho y los actos que estén apegados a la legalidad, pues ello brinda seguridad a la población y certeza al sector.

Cuestionado sobre el desalojo de 36 viviendas que fueron ocupadas de manera ilegal en Villas de Xalapa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa Octavio Augusto Jiménez Silva, dijo en entrevista para Quadratín Veracruz, que para el sector que representa, el orden da certidumbre a las inversiones, sin embargo destacó que se deben respetar los derechos humanos de los ciudadanos.

Añadió estar de acuerdo con las acciones que implementó el Gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues el sector empresarial respaldará siempre los actos de gobierno apegados a la Ley.

“En cualquier ciudad debe haber orden, debe prevalecer el Estado de Derecho y Seguridad Pública acató una orden judicial, apegada a derecho, entonces está actuando bien”.

Octavio Jiménez consideró que las invasiones a viviendas, como se dio en este caso, pueden inhibir las inversiones en este rubro, pues las viviendas tienen un dueño, sea un particular, una constructora o alguna dependencia; “son de alguien, tienen dueño”, enfatizó.

Afirmó que si bien hay cuestionado algunas acciones en materia de seguridad, en este caso, deben reconocer y respaldar las acciones que son apegadas a derecho y sobre todo que benefician al sector empresarial.

“Somos respetuosos de que una o varias personas externen alguna inconformidad, pero todo debe ser apegado a derecho, todos tenemos la libertad de expresarnos pero existen leyes que dan certidumbre y legalidad a las personas y se deben respetar”.

Por su parte, Fernando Arana Watty, presidente en Veracruz de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, dijo que en este tema del desalojo de viviendas en Villas de Xalapa, se agotaron las instancias legales, y fue precisamente mediante la ley que se concluyó que la propiedad no es de ellos (de los invasores).

Manifestó también su respaldo a que se haya cumplimentado una orden judicial que hará prevalecer el Estado de Derecho en la ciudad.

Desde el punto de vista empresarial, consideró que quienes invirtieron en esas viviendas para hacer un negocio, resultaron severamente afectados con esta situación, pues “ya perdieron muchos años en el litigio, en este momento no podrán recuperar ni su inversión”.

“El dinero que se invirtió hace aproximadamente 15 años, no ha podido recuperarlo, apenas ahora quizá podrá venderlas, pero ya no como viviendas nuevas, porque ya llevan 11 años usadas, están deterioradas, venderlas será algo complicado porque hay un problema judicial atrás, no cualquier querrá comparar allí porque podría hacer represalias de la gente que vivía allí, es algo muy complicado”.

El empresario, dijo que el aplazamiento de las anteriores administraciones, pues esta orden judicial se había concedido desde el 2008, ilusionó a la gente que vivía allí con que podrían quedarse con la propiedad.

“Si hay una orden judicial, que bueno que se haga cumplir, porque eso da certidumbre, tanto en el estado como en la capital porque nos urge que haya inversión, pero lo que pide la gente es certeza, y si no hay certeza no hay inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo”.

Fernando Arana destacó que si bien se deben respetar los derechos humanos de las personas que fueron desalojadas, enfatizó que no se debe perder de vista que los legítimos dueños también tienen sus derechos e igualmente se deben respetar.

Pidió además al Gobierno cuidar que no haya más invasiones a casas o terrenos, porque se genera un grave problema, “invaden y después exigen servicios y protección civil, cuando muchas veces no son terrenos adecuados para habitarlos”.

Finalmente, Arana coincidió con la política de los gobierno Federal y Estatal de dejar de beneficiar a organizaciones políticas porque solo “piden y piden y no están trabajando por ganar lo que ellos piden, por ejemplo en este caso, esa gente que habitó de manera ilegal una vivienda, ya se ahorraron más de 10 años de renta, tuvieron un beneficio sin haber hecho nada, no por pedir te tienen que dar una casa, la gente trabaja para tener una casa, para comer, pero no solo por estar en un grupo te deben dar subsidios para vivir. Lo correcto sería que a la gente que trabaja de manera honrada, se le dé un mejor sueldo, o que suban el salario mínimo.