CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio de 2021.- El Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA), conformado por investigadoras e investigadores del Derecho de universidades de México y otros países, se pronunció en contra de la iniciativa publicada el 15 de junio de 2021 en la Gaceta Legislativa del Congreso de Veracruz que pretende reintroducir las peleas de gallos como actividad legal.
A través de un comunicado, GIDA afirmó que las peleas de gallos normalizan la crueldad, la violencia y atentan contra la cultura de la paz.
De acuerdo a la Resolución 163/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reconoce que en la constitución mexicana se encuentra implícito el principio constitucional de protección al bienestar animal como uno de los criterios que deben orientar la producción legislativa tanto nacional como en las entidades federativas.
GIDA emitió un Informe Técnico y Observaciones constitucionales y legales sobre la iniciativa presentada por el diputado Rodrigo García Escalante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en donde estacan que la SCJN declaró que prohibir las peleas de gallos es una limitación legítima, válida y constitucionalmente correcta a diversos derechos como la propiedad y el trabajo porque atiende a la protección y optimización del principio constitucional implícito de protección al bienestar animal.
Los expertos argumentan que cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales, no puede considerarse como una expresión cultural.
Consideran que resulta infundado el argumento en el que se aduce que no se produce ningún maltrato a los animales porque los gallos pelean por instinto, es evidente que las peleas de gallos son una actividad en la que se propicia que los animales se inflijan daños físicos y además se lucra con ello.
Además, sostienen que no toda expresión o práctica cultural está protegida prima facie por la Constitución mexicana y dado que existe un mandato ineludible de proscribir cualquier práctica que atente contra los valores democráticos resulta legítima la prohibición de aquellas prácticas y expresiones culturales que supongan el maltrato y el sufrimiento innecesarios para los animales no humanos como las peleas de gallos.
Es importante destacar que, tanto para la doctrina constitucional como para la jurisprudencia, no solamente en México, sino en todos los sistemas constitucionales democráticos, los derechos fundamentales no son prerrogativas ilimitables.
Los activistas sostienen que la iniciativa pretende desconocer lo que es una tendencia nacional e internacional: el reconocimiento del respeto a los animales no humanos.
El maltrato animal es una expresión humana que se encuentra tipificada como delito en prácticamente todas las legislaciones estatales y en la legislación federal de nuestro país. Ocasionar sufrimiento y angustia innecesaria a los demás animales por cuestiones lúdicas o de entretenimiento es un acto, además de moralmente reprobable, ilegal.
Las peleas de gallos son actividades altamente lucrativas y que generan un importante número de empleos. Sin embargo, este no puede ser un criterio único y suficiente para mantener la legalidad de alguna actividad. En nuestro país se vive una constante y creciente violencia.
Fomentar actividades, aunque sean lucrativas, que abonan a normalizar la crueldad y la propia violencia no puede justificarse en criterios puramente económicos, si estos criterios fueran suficientes entonces abriríamos una peligrosa puerta a la legalización de actividades, que son mucho más lucrativas e igualmente violentas como las peleas de perros y otros actos ilegales y violentos cometidos incluso contra los humanos.
Si permitimos que el beneficio económico sea el criterio que determine la legalidad de una determinada actividad estaríamos abriendo la posibilidad de legalizar actividades, mucho más lucrativas, en detrimento de la cultura de la paz y del respeto de los valores democráticos establecidos en la constitución.