La presunta democratización de la justicia
La propuesta de reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada esta semana en el Senado y en 18 congresos estatales, ha generado un intenso debate entre quienes la ven como un paso hacia la democratización de la justicia y aquellos que la perciben como una estrategia de cooptación política. A pesar de la diferencia de opiniones sobre su impacto, lo que parece innegable es que la motivación detrás de esta reforma es, en su esencia, política.
La nueva reforma, que apunta a modificar el sistema judicial, tiene como uno de sus objetivos principales limitar el poder del máximo tribunal del país y reducir su capacidad de frenar las decisiones del Ejecutivo. Este movimiento es interpretado por algunos analistas como un intento de Morena, el partido en el poder, de consolidar su control sobre más áreas del gobierno, aprovechando su popularidad actual, toda vez que el gobierno de la 4 T ha enfrentado numerosos obstáculos judiciales durante su mandato, con reformas clave bloqueadas por la Suprema Corte de la Nación.
¿Democratización o Riesgo a Futuro?
La reforma judicial puede parecer, en el corto plazo, una herramienta eficaz para que Morena gane poder y asegure una mayor autonomía en su agenda política. Sin embargo, este enfoque podría tener consecuencias adversas en el mediano y largo plazo, particularmente si el apoyo popular hacia el partido disminuye, toda vez que la misma estrategia que hoy beneficia a Morena podría volverse en su contra si el contexto político cambia.
Un aspecto central de la reforma es la elección de jueces por voto popular, una medida que se presenta como un intento de acercar la justicia a la ciudadanía. No obstante, la experiencia de otros países muestra que esta estrategia no siempre resulta en una verdadera democratización. En Estados Unidos, la elección de jueces por voto popular solo ocurre a nivel local, mientras que, en Bolivia, factores como la abstención y el boicot de la oposición han impedido que esta medida conduzca a una transformación real del sistema judicial.
La Justicia Mexicana: Un Sistema que Requiere Cambios Profundos
Es un consenso general que el sistema judicial mexicano necesita una reforma urgente. A lo largo de los años, ha sido criticado por su ineficiencia y su incapacidad para combatir la impunidad, una de las más altas del mundo. Además, se ha visto afectado por los vicios heredados del sistema de partido único, alejándolo de la comprensión y el acceso de la población en general.
A pesar de los intentos de presentar esta reforma como una solución a estos problemas, muchos expertos coinciden en que la mayor parte de las dificultades del sistema judicial se encuentran en áreas que la propuesta no aborda, como las fiscalías y los sistemas judiciales locales. Estos aspectos, cruciales para el funcionamiento de la justicia en el día a día, siguen siendo ignorados por esta reforma.
Un Momento de Ruptura Política
La aprobación de la reforma, aunque ha sido relativamente ágil, ha suscitado protestas, lo que refleja la profunda división que existe entre el sistema judicial tradicional y las nuevas mayorías políticas alineadas con la Cuarta Transformación (4T) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fenómeno pone en evidencia la ruptura entre las instituciones tradicionales y las demandas populares, que hoy se inclinan mayoritariamente hacia Morena.
Por otro lado, la oposición política parece haber quedado debilitada y fragmentada tras las elecciones de junio, lo que la ha dejado sin una narrativa sólida para enfrentar al gobierno. Esta falta de cohesión dentro de los partidos opositores dificulta su capacidad de actuar como contrapeso ante un movimiento tan fuerte como el de Morena.
La Crítica de la Oposición
Aun cuando la reforma constitucional propuesta por Morena podría ser la más trascendental desde la Constitución de 1917, ha sido sumamente criticada por los legisladores de oposición al señalar tres principales críticas: primero, que Morena busca controlar el poder judicial manipulando las elecciones de jueces y magistrados; segundo, que la cantidad abrumadora de candidaturas en las boletas conducirá a una elección confusa y aleatoria; tercero, la creación de un Tribunal de Disciplina en lugar de la Judicatura bajo control de Morena con poder para destituir y enjuiciar judicialmente. Se cuestiona la legitimidad y efectividad de estas propuestas.
Las tres principales críticas de los senadores de oposición a la Reforma Judicial son las siguientes:
- Control del poder judicial: Se acusa a Morena de querer tomar el control total del poder judicial mediante la manipulación de las elecciones. Aunque se dice que el pueblo elegirá libremente, Morena controla quién aparece en la boleta, lo que cuestiona la legitimidad del proceso.
- Confusión en las boletas: Se menciona que en la Ciudad de México habrá 2,161 candidatos para 344 vacantes de jueces y magistrados, lo que podría generar una «tómbola popular» y confusión en lugar de una elección democrática.
- Tribunal de disciplina: Se critica la creación de un tribunal compuesto por 5 personas, todas bajo el control de Morena, con el poder de destituir jueces, iniciar juicios políticos e incluso inhabilitarlos por hasta 20 años para ejercer cargos públicos.
En general, se cuestiona la falta de debate y transparencia en torno a estas propuestas, sugiriendo que no hay ningún precedente exitoso de un sistema como el planteado.
El legado de López Obrador y el futuro de su sucesora Claudia Sheinbaum
Finalmente, el mandato de López Obrador ha estado marcado por una gobernanza que no ha dejado a nadie indiferente, y su estilo seguirá vigente hasta el último día de su gobierno. La gran incógnita es cómo afectará esta reforma judicial, y las demás decisiones que tome en su tramo final, a su sucesora. El panorama político en México es volátil, y la concentración de poder en manos del Ejecutivo, que es el núcleo de esta reforma, podría cambiar drásticamente dependiendo de los resultados electorales futuros y de la percepción pública del legado de López Obrador.
La reforma judicial, al igual que otras iniciativas de la Cuarta Transformación, se enfrenta al desafío de equilibrar la voluntad política con la necesidad de una justicia que realmente funcione para todos los ciudadanos. Solo el tiempo dirá si este intento por «democratizar» el sistema judicial llevará a México hacia una mayor equidad o si terminará debilitando aún más sus instituciones democráticas. El tiempo habrá de dar la razón a quien la tenga.