POZA RICA, Ver., 8 de enero de 2018.- Ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, a casi 4 años de su despido, continúan su lucha en demanda de sus derechos laborales, pues algunos laboraron para dependencia hasta 20 años.
“Nosotros aquí seguimos con la frente muy en alto y no fuimos a la cárcel”, aseguraron los ex policías, quienes estaban a cargo de la seguridad en los tres municipios conurbados del norte de estado, hasta el pasado 1 de julio del 2015, cuando la corporación fue desaparecida por órdenes del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y su entonces Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita.
Desde entonces han emprendido un infructífero camino para demandar los pagos de indemnización y demás derechos laborales que les fueron vulnerados, al separarlos de sus responsabilidades de manera abrupta, y sin el pago de sus correspondientes prestaciones como trabajadores.
“Dijo el señor Duarte y el señor Zurita: es que ustedes son delincuentes; ¿quiénes fueron a la cárcel, ellos o nosotros?”, cuestionó Roberto González Ramírez, ex mando de la fuerza de seguridad, quien junto con sus compañeros pide la intervención del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para resarcir el daño ocasionado por ex gobernador veracruzano, y que sus derechos como trabajadores sean respetados.
Los inconformes se dirigieron ante las autoridades para presentar un escrito en donde piden la intervención de las autoridades federales y estatales, y manifiestan la injusticia de las que fueron víctimas por parte de Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita.
Roberto González Ramírez trabajó para la Policía intermunicipal por más de 20 años en los cuales se desempeñó como subcoordinador, supervisor, jefe de operaciones, encargado, entre otros; tiempo en el cual participó en varios enfrentamientos que le costaron recibir tres impactos de bala en su cuerpo, pese a ello, logró contribuir a la inhibición de la delincuencia, como es el caso de las bandas de secuestradores que operaron hace años en el municipio de Tihuatlán.
Los afectados esperan la intervención de parte de las autoridades federales para poder recuperar sus derechos como trabajadores y con ello atender las necesidades médicas que como consecuencia de su despido, pues en algunos casos su estado de salud se ha deteriorado, en el caso de algunos ex policías, incluso les han amputado algunos miembros de su cuerpo.