XALAPA, Ver., 19 enero de 2015.- Es lamentable que luego de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos sigan presentándose casos como el de Tierra Blanca, en donde policías estatales entregaron a la delincuencia organizada a cinco jóvenes, expresó el especialista en Derechos Humanos, Luis Armando González Placencia.
En entrevista para Conexión Veracruz, dijo: “Suena triste, luego de Ayotzinapa uno habría esperado que las actitudes (de las autoridades) fueran otras y que los progresos fueran en un sentido de evitar estas situaciones (las desapariciones forzadas), pero los hechos nos revelan una realidad completamente diferente”.
La complicidad entre policías y grupos de la delincuencia organizada no son inusuales, dijo en referencia a lo declarado por el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, en el sentido de que los jóvenes de Tierra Blanca fueron entregados a criminales, «ya se ha visto en otros casos, donde se fija un patrón de complicidad».
Consideró necesario que se analice el compromiso de los funcionarios con su labor, hacer una limpia en las policías y crear mecanismos de control que se ciñan a las detenciones.
Explicó que la Ley de Desaparición Forzada aún presenta una serie de huecos que deben subsanarse, como la prioridad de la búsqueda, necesidad de que determine protocolos validados de búsqueda de las víctimas, además de que no existen fiscales especiales para las desapariciones forzadas y sólo se nombran en casos específicos, como el de Ayotzinapa, lo cual implica un descobijo para las familias que continúan buscando a sus parientes, pues no hay ministerios públicos especializados capacitados para atenderlos.
El especialista adelantó que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, traerá malas noticias sobre la aparición de los normalistas, pero también emitirá recomendaciones para México en la materia.
“La desatención a las familias se convierte en una forma de victimización”
A su decir, las familias no pueden reconocer la muerte de sus parientes al ni siquiera saber dónde están, además de que padecen la ausencia de apoyos económicos, lo cual agrava la situación, pues muchas veces renuncian a sus trabajos y dejan de percibir ingresos para dedicarse a buscarlos, lo cual también los revictimiza.
González Placencia lamentó además la precaria infraestructura en Guerrero y Veracruz, los estados en donde más casos de desaparición se reportan, para identificar los cuerpos hallados.
Recordó que Guerrero ha sido llamada una gran fosa de cadáveres, por lo que se debe generar la infraestructura para identificar los cuerpos y asegurar a las familias que efectivamente se trata de la persona que buscaban.