XALAPA, Ver., 30 de julio de 2015.- Con 37 votos a favor y dos en contra, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, con la que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) tendrá la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de sus objetivos en sus revisiones al realizar auditorías.
La nueva ley fija multas de hasta 300 días de salario mínimo en contra de los servidores públicos que se nieguen a proporcionar la información necesaria u obstaculicen las auditorias.
Ahora el auditor general podrá ser reelecto por una ocasión por un nuevo periodo de 7 años, y quienes aspiren al cargo de auditor general deberán contar con un título profesional como contador público, licenciado en Derecho, Economía o Administración de Empresas. De esta manera, los políticos también podrán obtener este cargo, con la condición de no haber tenido cargos políticos durante un año previo al de su nombramiento.
La legislación establece que las cuentas públicas de los ayuntamientos se presentarán durante enero del año siguiente, y las del resto de los entes fiscalizables, en marzo de ese mismo año.
Todos los entes fiscalizables ahora deberán presentar en sus informes de la cuenta pública la siguiente información: situación financiera, actividades, flujo de efectivo, variación de la hacienda pública, cambios en la situación financiera, informes sobre pasivos contingentes, notas a los estados financieros y estado analítico del activo.
Por ello, en octubre, el Orfis habrá de emitir sus resoluciones finales de responsabilidades contra los presuntos responsables de las irregularidades.
El Orfis tendrá la facultad de destruir, después de cinco años de antigüedad, los documentos comprobatorios de las cuentas públicas.