XALAPA, Ver., 6 de abril de 2015.- La tortura es una práctica que se extendió en todo el país y que se arraigó entre las fuerzas del orden, afirmó el investigador y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, quien advirtió que las autoridades mexicanas comenten un grave error diplomático al cuestionar sus informes.

Este lunes, los periodistas Benita González y Alejandro Aguirre abrieron los micrófonos de Conexión Veracruz al doctor González Placencia, quien cada lunes se enlazará desde la Ciudad de México para compartir con los veracruzanos su opinión sobre temas en materia de derechos humanos.

Al iniciar su colaboración, el especialista y consultor analizó el Informe sobre la Tortura en México, que presentó el relator Juan Méndez, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un reporte que, dijo, consigna la práctica generalizada de la tortura y que no castiga.

“Todas las personas relacionadas con el tema de la tortura coincidimos plenamente con el informe del relator Juan Méndez; es una práctica muy extendida, pero sobre todo arraigada, y esto es lo más preocupante, porque está arraigada en el quehacer cotidiano de los policías, de los agentes de las fuerzas del orden”.

Explicó que si bien no existe una investigación concreta sobre los casos, sí hay quejas diarias ante los organismos de derechos humanos por actos de tortura que, en su mayoría, cometen elementos del orden, desde las policías municipales, marinos, hasta el Ejército Mexicano, Policía Federal, policías estatales y, por supuesto, custodios en los reclusorios y policías ministeriales; es decir, se trata de una práctica transversal a todo el sistema de justicia penal.

“Esa transversalidad ocurre en momentos que van desde la detención hasta la ejecución de la sanción, cuando ya las personas están en las instituciones penitenciarias; y desde luego, en los métodos, y en la finalidad para la cual se recurre a esta práctica”, comentó el doctor González Plascencia, quien afirmó que el relator Juan Méndez no implicó otras violaciones, como la desaparición forzada, la incomunicación y las ejecuciones extrajudiciales.

Subrayó que las autoridades mexicanas comenten un grave error al cuestionar el informe, como ya lo hizo el subsecretario Juan Manuel Robles Robledo, al sugerir que México invita a los relatores de la Organizaciones de la Naciones Unidas (ONU) a reportar lo que está bien y minimizar los problemas.

Aseguró que esta actitud es preocupante, porque podría generalizarse hacia otros relatores; de hecho ya hubo algunas respuestas ríspidas con el Comité de Desapariciones Forzadas, y eso pesaría muchísimo en la relación del Estado Mexicano con los organismos de Derechos Humanos de la ONU, uno de los pocos espacios que las víctimas pueden tener para buscar justicia.