Al pie de la letra

* INVESTIGACIÓN ACOTADA

La crisis política más grave que hasta ahora ha tenido que enfrentar el presidente Enrique Peña Nieto en lo que va de su administración ha sido la de Iguala, Guerrero.

Este martes, incluso, a petición de la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República tuvo que retirar la solicitud para que el mandatario mexicano saliera a mediados de la semana siguiente del territorio nacional. Ante las críticas que provocó este viaje, debido a que aún no aparecen los 43 normalistas en Guerrero, Peña Nieto canceló la visita de Estado a la República Popular China, programada para el 12 y 13 de noviembre, además de su participación en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC, que se realizará en Australia el 15 y 16 del mes entrante.

Es posible, entonces, que ahora el mexiquense pueda presidir dentro de dos semanas la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz. Sin embargo, los siguientes 15 días serán cruciales para que su administración desactive la presión nacional e internacional por esta tragedia que ha tomado un giro inesperado.

Y es que, en su edición de ayer, por ejemplo, el diario capitalino Reforma publicó parte de las declaraciones ministeriales que hizo ante la PGR Sidronio Casarrubias, líder de “Guerreros Unidos”, quien confesó que su organización secuestró a los 43 normalistas de Ayotzinapa porque entre ellos, supuestamente, iban infiltrados 17 miembros de la banda rival de Los Rojos, de la célula de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”.

Según la causa número 100/2014 del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, el jefe criminal dijo que Los Rojos iban armados y su propósito era asesinar a Víctor Hugo Benítez, “El Tilo”, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, así como a cinco de sus hermanos. Los 17 sicarios, según su declaración, fueron asesinados y calcinados y sus cenizas tiradas en un río, aparentemente en Cocula, según lo que informó a Casarrubias uno de sus lugartenientes conocido como “El Gil”.

Pero lo más interesante es que la indagatoria refiere que Los Rojos, presuntamente, habrían pagado 300 mil dólares al Procurador de Guerrero, Iñaky Blanco; al secretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y al director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para que permitieran que se infiltraran en los autobuses con los estudiantes y con ello evitaran que la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatales intervinieran en el “asalto” de la plaza de Iguala. Sin embargo ayer, casualmente, los padres de los jóvenes desaparecidos exigieron al presidente Peña que no se “criminalice” a la institución escolar de sus hijos.

Empero este testimonio del líder de Guerreros Unidos forma parte de la acusación con la que la PGR solicitó la aprehensión del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, del jefe de la Policía y otros 25 agentes y presuntos narcotraficantes por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio.

Además, Casarrubias dijo que la familia Pineda Villa, fundadora de esa banda delictiva, financió la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura en 2010. De acuerdo con el capo, la esposa del alcalde prófugo era la responsable del dinero de este clan criminal y “a toda costa quería ser la nueva presidenta municipal de Iguala”. Según el delincuente, el capital de la mujer provino de sus hermanos Mario Pineda Villa, alias “El MP”, y de Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, los cuales fueron asesinados en 2009 en Morelos, unos meses antes de que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva fuera abatido el 16 de diciembre de ese año por elementos de la Marina Armada de México en Cuernavaca. A partir de ahí su organización se escindió y se autodenominó “Guerreros Unidos”. 
 
“María de los Ángeles Pineda Villa es la actual amante del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien también fue financiado para su campaña por estas personas”, declaró Casarrubias, actualmente preso en el Penal Federal del Altiplano.

Aguirre Rivero renunció al PRI en 2010, año en que fue postulado a la gubernatura por la alianza Diálogo por la Reconstrucción de México, integrada por PRD, PT y Convergencia. En enero de 2011 ganó la elección al priista Manuel Añorve, ex alcalde de Acapulco y actual diputado federal muy cercano al líder de la bancada tricolor Manlio Fabio Beltrones.

Sidronio Casarrubias identificó al ex alcalde José Luis Abarca como uno de los mandos de Guerreros Unidos, pues declaró que les “inyectaba” hasta 4 millones de pesos mensuales o bimestrales. Y de esos recursos, según detalló, alrededor de 600 mil pesos eran utilizados para pagar la nómina de los policías municipales de Iguala que los encubrían.

En Guerrero tenía que pasar una tragedia como ésta para que el gobierno federal “descubriera” cómo el crimen organizado ha cooptado policías municipales y penetrado las instituciones gubernamentales del estado. ¿Cuándo procederá también la PGR contra otros ex gobernadores priistas que han sido señalados por operadores financieros de la delincuencia de haber apoyado sus campañas electorales, como sería el caso de un ex mandatario veracruzano que en 2004 habría recibido 12 millones de dólares del Cártel del Golfo por conducto de un empresario tuxpeño actualmente recluido en un penal de Texas?